Al momento de escribir este texto, han transcurrido más de dos meses de las manifestaciones masivas del pasado 11 de julio y se acerca el primer aniversario de la protesta frente al Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre del 2020. Haciendo un bosquejo sobre el panorama actual, después de todas las críticas y la inconformidad manifiesta del pueblo cubano, no se puede afirmar que haya un progreso en materia de Derechos Humanos y libertad de expresión en la isla. El gobierno se mantiene en la posición de no ceder a las peticiones del pueblo que aclama apertura y libertades. El pero constante es culpar al gobierno norteamericano de injerencia para desarticular el proyecto sociopolítico vigente, en vez de buscar soluciones a las problemáticas que sumergen a Cuba en una de las mayores crisis económicas, sanitarias y de valores por la que haya atravesado.
El estallido social ocurrido el 11 de julio tuvo tanta repercusión a nivel nacional e internacional que, pese a los intentos del Estado de tergiversar lo ocurrido, como hizo con el 27N, las imágenes hablaron por sí solas. Hubo violencia y ya no se puede afirmar que todo el pueblo cubano apoya a la Revolución. En La Habana salieron a las calles personas provenientes de los barrios más pobres y marginados de la capital. Muchos de los manifestantes eran residentes de Centro Habana y Habana Vieja. Personas que subsisten en condiciones al límite, muchas hacinadas en los llamados solares, donde familias numerosas viven en inmuebles a veces en peligro de derrumbe y con espacios limitados.
Pese al discurso de inclusión que ha intentado vender la Revolución, en Cuba hay clases sociales marcadas, donde los más beneficiados son los que representan o apoyan a la cúpula de poder actual. En lo último de la balanza se sitúan las personas afrodescendientes, quienes conforman en su mayoría las periferias y comunidades en crisis. Son estos quienes en verdad sufren el olvido marcado por el racismo institucional, que si bien no surge en 1959 se ha mantenido y tratado como un tema tabú sin solución.
Después del 11J, los funcionarios públicos buscan tamizar toda una infraestructura de incompetencia orquestando ciertos diálogos con determinados sectores y figuras que aparentemente representan una porción crítica, y así dan una imagen democrática y de apertura a la libertad de expresión. En estos debates han excluido a la oposición cubana, que lleva años pidiendo ser escuchada y tomada en cuenta con sus proposiciones. De hecho, han encarcelado a ciertas figuras visibles y representativas para sacarlas del actuar político. Tampoco han sido invitados los periodistas independientes, foco de los ataques gubernamentales por exponer al mundo lo que ocurre día a día en la nación.
La implementación del Decreto Ley 35 es otra envestida más contra la libertad de expresión, continuidad al Decreto Ley 370 y el 349. Por ende, no se puede tratar esto como algo nuevo, sino como el escarmiento estatal hacia las voces críticas que se alzaron con más fuerza después del 11J. Un mecanismo que las instituciones tendrán a mano para utilizar a conveniencia en los momentos que les parezca oportuno para callar las voces disidentes.
En medio de todo este caos referente a la libertad de expresión, los Derechos Humanos y las carencias económicas de los cubanos, también se desmoronan dos sectores que Cuba vendía como pilares de la Revolución: la salud y la educación. La crisis sanitaria que ha generado el Covid-19 ha dejado al descubierto la farsa que es el sistema médico cubano, donde los hospitales carecen de higiene, personal y medicamentos para atender a los pacientes. A esto se ha unido un mercado negro farmacéutico donde los medicamentos rebasan los mil y dos mil pesos, monto que representa el cincuenta por ciento y el salario mínimo de un cubano promedio. Al tiempo que los epicentros del Covid van pasando de provincia en provincia sin un descenso real en los picos de contagios.
A casi dos años de la llegada del virus y el cierre de las escuelas, el sistema educacional tampoco se ha podido restablecer de la crisis. Hay intentos mediante teleclases para que las enseñanzas básica, media y universitaria continúen, pero hasta el momento no hay nada que permita a los estudiantes recibir de forma correcta sus materias. En la enseñanza universitaria se han creado plataformas digitales para que los alumnos puedan recibir el contenido, mas las quejas de los mismos con respecto al mal funcionamiento de dichos sitios evidencian que esta modalidad también es un desastre.
A grandes rasgos, el régimen dirigido por Miguel Díaz-Canel promueve a diario la violencia e intolerancia contra quienes se oponen al sistema, y no solo en la isla sino, también, fuera del ámbito nacional. Esto se puso de manifiesto en los ataques físicos que recibieron la curadora de arte y activista Anamely Ramos, los periodistas José Raúl Gallego y Claudia Padrón Cueto y demás participantes que se manifestaban frente a la embajada de Cuba en México el pasado 17 de septiembre contra las políticas del mandatario cubano.
La desilusión que viven los cubanos abarca todas las generaciones. Los jóvenes no ven futuro en el país que los vio nacer y creen que la solución está en emigrar, mientras los más adultos observan con la desilusión del fracaso. Entretanto, el poder no piensa dar su brazo a torcer; lo único que nos queda es seguir haciendo presión en busca de alcanzar más libertades y rezar porque la virgen nos proteja.
Texto perteneciente al Dossier ‘El 11J en contexto’, del número 17 de Puente de Letras